El Grupo Municipal Socialista ha afeado al equipo de Gobierno que quiera hacerles responsables de que la bajada del IBI no pueda entrar en vigor en 2024, con la modificación de la ordenanza fiscal, cuando la responsabilidad es únicamente suya ya que se han saltado los plazos que marcan los estatutos del Consejo Económico y Social.
La portavoz municipal Belén Fernández, ha señalado que “ante esta situación, y entendiendo que no se había actuado adecuadamente, presentamos una alegación en este sentido, lo que ha llevado a que se tenga que convocar de nuevo el Consejo, y de ahí el retraso en su entrada en vigor”.
Ya advertimos al equipo de Gobierno, ha recordado, “tanto en la Comisión de Economía como posteriormente en el Pleno de que estaba aplicando mal el procedimiento para la modificación de las ordenanzas fiscales, porque la modificación de una ordenanza fiscal requiere de un informe preceptivo del Consejo Económico y Social”.
Un informe, ha añadido, “para el que en ningún caso se debe dar un plazo inferior a 15 días, y en este caso dicho plazo no se cumplió puesto que el mismo día de la convocatoria del Consejo se emitió dicho informe. Este plazo garantiza, por un lado, que los actores que conforman el Consejo puedan tener acceso y recabar toda la información que necesiten y por otro lado que puedan reflejar sus sensibilidades en el informe que se emita.
Y en este caso, ha destacado la portavoz “eso no se cumple porque a la convocatoria del Consejo no asistieron todos los actores, y hay que garantizar que todos ellos, incluso los que no estuvieron presentes en él, puedan tener acceso a la emisión de ese informe”.
“Entendemos que la desestimación de la alegación que proponía la secretaría general”, ha detallado, “diciendo que el Consejo Económico y Social es un organismo autónomo para emitir informes en otros plazos no se ajusta a derecho no sólo porque en este caso no se está cumpliendo la normativa sino porque también está limitando la posibilidad de que todos los actores que lo conforman, agentes económicos y sociales de la ciudad, tengan su reflejo en el informe que se debe emitir de manera obligatoria”.
“Desde el grupo socialista ya mostramos nuestra oposición a la bajada del IBI, ya que va a suponer una merma de ingresos para el Ayuntamiento de 600.000 euros lo que conllevará recortar gastos y por tanto servicios a los ciudadanos. Las prisas del equipo de Gobierno les ha llevado a esta situación, pero lo que no se puede hacer, como pretendían, es saltarle la legalidad para ello, como nosotros denunciamos y que ahora se ha visto refrendado”, ha resaltado Fernández.