El Grupo Municipal Socialista ha rechazado frontalmente la moción presentada por VOX, calificándola como un ataque directo al Estado de Derecho, a los Derechos Humanos y a la convivencia de los vecinos y vecinas de Cáceres
La portavoz municipal, Belén Fernández, ha denunciado en el Pleno que la formación de extrema derecha utiliza las instituciones públicas para difundir un «cóctel de bulos y odio» que busca generar miedo y fractura social, en lugar de aportar soluciones reales a la gestión municipal.
Fernández ha sido tajante al señalar que las propuestas de VOX, que incluyen repatriaciones arbitrarias y el uso del padrón municipal como «frontera», carecen de encaje legal en el ordenamiento jurídico español y europeo: “en vulneración de Derechos, ya que España está sujeta al Convenio Europeo de Derechos Humanos y que las expulsiones sin expediente individual ni derecho a defensa son ilegales”.
Un ataque a la infancia, “la formación ultra propone la devolución de menores sin garantías, vulnerando la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y el principio del interés superior del menor”.
Hay un ignorancia administrativa, ha señalado, “frente a la pretensión de prohibir el empadronamiento, se ha recordado que el Tribunal Supremo obliga a los ayuntamientos a registrar a todos los residentes para garantizar una planificación correcta de los servicios públicos”
Fernández ha desmontado los principales «argumentos manidos» de la ultraderecha con datos oficiales del Banco de España y la Seguridad Social: “en sostenibilidad: la población migrante es contribuyente neta. Son personas jóvenes que aportan más al sistema en impuestos y contribuciones de lo que reciben en prestaciones”.
En el acceso a ayudas, “es ‘absolutamente falso’ que los migrantes acaparen ayudas. Para acceder al Ingreso Mínimo Vital se requiere residencia legal, limitándose la atención a situaciones de emergencia social o sanitaria para quienes están en situación irregular”.
Y el bulo electoral, “se ha aclarado que la regularización extraordinaria otorga permisos de trabajo, no el derecho al voto en elecciones generales, el cual requiere la obtención de la nacionalidad tras años de residencia y exámenes oficiales”.
Desde el Grupo Municipal se ha defendido la regularización extraordinaria —impulsada por una ILP con 800.000 firmas— como una medida económica sensata para sacar a miles de personas de la economía sumergida y la explotación.
Fernández ha lamentado que el PP “haya abandonado la vocación de Estado con la que se definió para aprobar la Iniciativa Legislativa Popular en 2024, para seguir la senda que le marca VOX”.
«No estamos ante una propuesta de gestión, sino ante un uso indecente de la institución para propagar el racismo estructural», concluyó la intervención, reafirmando el compromiso con la dignidad humana y los valores democráticos de la mayoría de los cacereños y cacereñas.