Para los socialistas no son un gasto, sino un derecho garantizado por ley, y ambas deben asumir sus responsabilidades
El Grupo Municipal Socialista presenta una moción al pleno de este jueves en defensa de la atención a la dependencia y la accesibilidad, “que no son un gasto, son un derecho garantizado por la ley”. Y demanda a la Junta de Extremadura que ejerza sus competencias con la financiación adecuada y al Ayuntamiento que asuma las suyas para ofrecer a los cacereños y cacereñas la calidad de vida que merecen.
La portavoz municipal, Belén Fernández, ha recordado que no es la primera vez que presentan una moción para mejorar la vida de los cacereños y cacereñas “pero hasta la fecha permanecen guardadas en un cajón”, añadiendo que “además en el pleno de mañana vamos a ver como PP, VOX y Unidas Podemos, lo van a utilizar como un mitin electoral en lugar de proponer cosas que mejoren la vida de los ciudadanos, instando a un gobierno en funciones que no tiene capacidad para llevar a cabo las cuestiones que se les plantea”.
Frente a ello, ha destacado, presentamos una moción centrada en las personas “en nuestros mayores, en las personas en situación de dependencia y en las personas con discapacidad de Cáceres. Queremos dar un impulso definitivo a la atención a la dependencia, a la accesibilidad en nuestras calles y barrios, y blindar los recursos públicos necesarios para que nadie se quede atrás en Cáceres”.
“Y para que esto funcione es fundamental hablar con absoluta claridad y sin rodeos sobre las competencias”, ha incidido, “la competencia principal y la responsabilidad económica corresponden a la Junta de Extremadura. Aunque hoy han anunciado que en el anteproyecto de presupuestos se destinará un 25% más a la atención a la discapacidad, no podemos olvidar que estos fondos provienen del Gobierno de España”.
En cuanto al Ayuntamiento de Cáceres “es la administración de proximidad. Somos la primera puerta a la que llama el vecino. Nuestra labor es detectar las necesidades, acompañar a las familias, ofrecer los primeros servicios comunitarios y mantener un espacio urbano accesible para todos”.
Por todo ello, exigimos a la Junta de Extremadura “reducir de forma drástica las listas de espera: los plazos de valoración de la dependencia y la discapacidad no se pueden eternizar”, además “garantizar la financiación real de los servicios: exigimos que la Junta financie de manera íntegra y el sistema residencial asistencial público, ya que actualmente está financiando el doble a las residencias privadas frente a las públicas”. Y financiar adecuadamente los Servicios Sociales del Ayuntamiento “necesitamos que la Junta amplíe la partida económica destinada a los equipos sociales municipales para que podamos reforzar nuestras plantillas y atender la demanda real del municipio”.
“Lo que pedimos no es un favor, es que cumpla con sus competencias y con los compromisos que exige la ley”, ha subrayado.
Y el Ayuntamiento tiene que dar un paso al frente en lo que sí es de su competencia directa, “reforzando nuestro personal, para orientar a las familias con rapidez y evitar cuellos de botella en la tramitación de informes; mejorar la ayuda a domicilio y cuidar a los cuidadores, potenciando el Servicio de Ayuda a Domicilio y poniendo en marcha programas de respiro familiar para quienes dedican su vida a cuidar de un ser querido. Y un Cáceres 100% accesible, impulsando de forma decidida el Plan de Accesibilidad Universal en todas las calles, plazas, edificios e infraestructuras municipales”.
Capellanías
En otro orden de cosas la portavoz se ha referido al desarrollo urbanístico de Capellanías “que no está condicionado por la decisión que tenga que tomar el Ministerio de Transportes, como quiere hacernos creer el alcalde Rafa Mateos, y se podría seguir avanzando aunque no haya una decisión sobre la N-630”.
Ha recordado que en 2025 el Ayuntamiento eleva unos informes al Ministerio para que autorice los accesos, y en aquel momento la incidencia media diaria de vehículos era en torno a 5.000 “y si el polígono alberga grandes industrias y se tenía prevista la instalación de una estación intermodal ferroviaria de mercancías, el tránsito será mayor. Y en base a esas previsiones y aplicando la ley, los accesos tienen que ser a doble nivel. No es una cuestión política, sino técnica”.
Esto se lo dice al Ayuntamiento en agosto de 2025, “a finales de ese año hubo un encuentro entre los técnicos que propició nuestro grupo parlamentario para desatascarlo. Y en marzo de 2026 se volvió a enviar de nuevo un informe del Ayuntamiento, que no obedece a lo que se pedía sobre las soluciones a aplicar cumpliendo la ley”.
Al no ofrecer soluciones, el ministerio ofrece la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite la cesión del tramo de la vía, “que no sea nacional, y por tanto no esté obligada por esa ley que obliga a crear unos accesos a doble nivel”. Hasta ahora, añade, “sabemos que el Ayuntamiento en julio incoó un expediente para solicitarlo, por no se ha solicitado al Ministerio”.“La única decisión política recae en Rafa Mateos. Estamos en campaña electoral pero las instituciones no se pueden utilizar a modo electoralista ni para hacer mítines. Todos queremos que este proyecto salga adelante, y que tengamos un polígono industrial que genere empleo e inversiones. Si el tráfico va a ser mínimo porque no van a venir empresas ni tendremos la estación intermodal porque la Junta no la incluye entre sus inversiones para la ciudad, “¿qué clase de polígono está haciendo Rafa Mateos?”, se ha preguntado. “Sus últimas declaraciones demuestran que utiliza el desarrollo industrial de la ciudad con fines electoralistas”, ha subrayado Fernández.